Les ofrecemos el artículo de José M. Murià publicado en El Informador (Guadalajara, Mex.).
En contra de la dolosa interpretación, prohijada desde Madrid, de que el independentismo catalán había perdido fuerza en las últimas elecciones de su Parlamento, debido a que el partido en el Gobierno (CiU) había alcanzado menos diputados de los que tenía, la verdad fue todo lo contrario.
El Gobierno español cometió otro error grave, que se suma a la cauda que ha cometido por obra y gracia de su prepotencia, y de su ralo espíritu democrático: arremeter con dureza antes de las elecciones en contra del presidente Mas. No percibió que su peor enemigo era ERC: Esquerra Republicana de Catalunya, que lleva ya varias décadas pujando por la creación de un Estado nacional propio dentro de la Unión Europea, mientras que el catalanismo de CiU se había conformado hasta hace poco con el autonomismo.
De hecho fue el rechazo del Gobierno actual de España lo que lo orilló a buscar un estado nacional propio, atendiendo también a las encuestas realizadas y a dos millones de manifestantes que el pasado 11 de septiembre salieron a la calle al grito de “¡Viva Cataluña libre!”
El número de diputados de ERC subió a más del doble y se convirtió en la segunda fuerza, después de ser la cuarta, con cuyos votos, sumados a otras dos agrupaciones menores y a los de CiU, alcanzaron una abrumadora mayoría suficientemente calificada como para realizar cualquier reforma estructural.
El Pacto por la Libertad, celebrado el pasado 18 de diciembre, aparte de considerando y explicaciones conducentes tiene un solo acuerdo fundamental: durante 2013 se prepararán las cosas para que en 2014, al cumplirse 300 años de que Cataluña cayó vencida y fue sojuzgada por España, se realizará un gran plebiscito para que todos los ciudadanos manifiesten si quieren ser o no recuperar su independencia.
La respuesta del Gobierno español al saber del acuerdo no pudo haber sido peor ni más troglodita y se suma a la gran cantidad de muestras de sus raíces neofranquistas: de inmediato resurgieron las amenazas de poner fuera de la ley a los gobernantes de Cataluña, de prohibir la consulta, de usar la fuerza, de aplastar a los disidentes, etcétera.
Según las encuestas y las tendencias del último año y medio, que han mostrado la tendencia al alza del ahora llamado soberanismo, mismas que fueron confirmadas por el sufragio del pasado 25 de noviembre, los partidarios de la independencia podrían alcanzar 70 por ciento.
Cualquiera que tuviera un ápice de respeto al derecho ajeno debería de actuar de otra manera, pero a éstos no se les da.
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